Cada ser humano es un congreso de voluntades. Muchas de ellas son idiotas. Cuando los idiotas de su congreso toman el mando, los humanos hacen idioteces. A juzgar por los resultados visibles, los congresistas idiotas deben tener mayorías circunstanciales la mayor parte del tiempo.
Sin duda algún idiota, o grupo de idiotas, había tomado su cerebro. Sin esto, resulta inexplicable que haya ido por las suyas a contarle al opresor sobre su nuevo paradero. Bastaba quedarse como estaba para seguir seguro. No señor: fue hasta las oficinas de la Recaudadora e hizo cola para comunicar su dirección presente y local.
Resultaba bastante zalamero, el del mostrador. Licenciado para acá, licenciado para allá. El recién llegado había hecho media hora de cola, y ahora le comunicaba sus coordenadas presentes. El dependiente terminó de digitar los datos, e imprimió dos copias. “Una para usted, licenciado. La otra me la firma en la línea punteada, por favor”. Desconcertado e incómodo, no contuvo sus automatismos y firmó. El dependiente lo despachó con una muy respetuosa sonrisa.
Unos meses después, llegó la intimación del Fondo. Le comunicaban que debía, y que por tanto debía presentarse en las oficinas del Fondo para pagar lo que debía. Lo que debía no se establecía en la intimación, y él sabía que no debía nada, ni al Fondo ni a nadie. Ignoró la intimación. Con esfuerzo, a las cansadas, terminó estableciendo el vínculo entre la Recaudadora y el Fondo. Sin pedirle permiso, ni informarlo, la Recaudadora había dado al Fondo sus datos. ¿Por qué? Porque el Fondo quería cobrarle. ¿Para qué? Para que el Fondo lo intimara.
Justo es decir que no todas las instituciones de recaudación de aportes traicionaban a sus afiliados. La Mutual de Ingenieros no le brindó información al Fondo. Sostuvo que no estaba autorizada a hacerlo, y ganó. Tanto la Mutual como la Recaudadora se deben a sus afiliados. Una lo tuvo en cuenta, la otra no.
Algo similar debe haber sucedido con las Agencias Previsionales. Lo más sencillo para el Fondo habría sido usar a las Agencias como usaba a la Recaudadora, o pretendía usar a la Mutual. Se sigue que las Agencias no cooperaron con el Fondo. El aparato estaba claramente dividido. Otra de las infinitas rajaduras del sistema. Por esas rajaduras es que se escapa la gente. Hay que estar atento a las rajaduras.
Para el caso, la traición de la Recaudadora era suficiente. El Fondo volvió a intimarlo, esta vez de forma certificada. Volvió el intimado a ignorar la citación, pero esta vez no resultó. Llegó una citación judicial, mucho más preocupante pero igualmente ignorada. El paso final fue el par de gordos de azul, con cachiporras y 38. Esos son más difíciles de ignorar.
Luego de establecido el nexo judicial oficial con el Fondo, los gordos soltaron los brazos del detenido, que volvió a la relativa comodidad de su domicilio. El intimado tenía un abogado, y estaba litigando. Era suficiente para no tenerlo guardado. El abogado hizo su recomendación habitual: pague usted. El intimado se mantuvo en sus trece: no debo nada, no pago nada. La consecuencia natural era la cárcel: jaulas diseñadas especialmente para humanos que no logran satisfacer al amo.
La tarea del abogado pasó a ser cómo mantenerlo fuera de la jaula. El argumento del intimado no era del agrado del abogado, y por tanto renunció. Según el protocolo, le fue asignado un defensor de oficio. El intimado no quería abogado, ni propio ni de oficio. Pero eso no integraba el universo de lo posible. El defensor de oficio terminó blandiendo el argumento del intimado, aclarando que no era suyo sino del intimado. Y el planteo pasó. Se coló por alguna de las múltiples rendijas. Tal vez el jefe del abogado se asustó. Tal vez al abogado le hizo gracia el planteo, y sintió que él no corría riesgos.
No sabemos si le resultó simpático al defensor. Es pura especulación. Sí sabemos, a ciencia cierta, que le hizo mucha, mucha gracia al juez. Le sacó una piedra de molino de encima. Le quitó la responsabilidad de hacer el planteo él. Podía, después de décadas, ponerse del lado de la gente, y sin perder el trabajo. Tal vez un poco de prestigio. Pero ya estaba viejo, igual. Ya no iba a tener más ascensos. Para este juez, el planteo del intimado fue una fruta caída del cielo.
El intimado argumentaba así. No había tenido diferencias con la ley en su larga vida. Nunca había agredido a nadie, ni física ni económicamente. No era peligroso, y sí era confiable. Por tanto, no había necesidad de ponerlo en una jaula en la que sufriría hambre, frío, maltrato e inseguridad. Recalcaba primero que no le debía nada al Fondo, y luego pasaba a atacar a la pena en sí misma, independientemente del delito. No había justificación alguna para la tortura implícita en la jaula de humanos. Si el amo quería recluirlo sin caer en violencia injustificada e innecesaria, tenía que guardarlo en situación segura y decorosa. Su inmerecida e injustificada pena era de reclusión, no de tortura. Si el estado sólo quería privarlo de su libertad, tenía que hacerlo de modo de evitar hambre, frío, hacinamiento, malos tratos, riesgo de muerte. En el supuesto estado de derecho reinante, cada extra sería reclamado por el intimado, que pasaría de demandado a actor. La reclusión del intimado no sería un costo para el aparato. El intimado correría con los gastos que, razonablemente, asegurarían una prisión domiciliaria segura.
El intimado logró su prisión domiciliaria.
El juez se jubiló con la conciencia tranquila, a disfrutar de haber alcanzado la bonhomía, a contárselo a sus nietos en cada reunión familiar.
El defensor encontró la veta y hoy es rico. Sacó 4000 personas de las jaulas oficiales. Unos pagaron más, otros menos, pero fueron 4000 facturas a gente que le debía nada más ni nada menos que su libertad física.
Las jaulas comunales están descongestionadas por primera vez en cincuenta años. Con un número de internos llevado a la mitad, los que siguen adentro están mucho mejor.
Y los jueces ya no mandan a la gente presa a ciegas. Primero hay un lugar decoroso a donde mandar al reo, luego va el reo a la jaula. A todo aquel que no es peligroso para la sociedad, se le permite la prisión domiciliaria, a su costo.